Hoy se celebró en el Tribunal Supremo el solemne acto de apertura del año judicial, una cita que, como cada mes de septiembre, recuerda la trascendencia del Estado de Derecho y el papel insustituible que jueces y magistrados desempeñan en la vida democrática de nuestro país. La ocasión estuvo marcada por la presencia de Su Majestad el Rey, quien, fiel a su papel de Jefe del Estado, acompañó con respeto y sentido institucional a todos los operadores jurídicos que allí se dieron cita.

Lo que quizá confirió un cariz especial a la ceremonia fue el discurso de la presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Con serenidad, pero también con firmeza, defendió la independencia judicial frente a los ataques y descalificaciones que, desde instancias del propio Gobierno, han venido lanzándose contra jueces y tribunales en los últimos tiempos. Fue una defensa sobria, sin estridencias, pero cargada de verdad y de dignidad: la Justicia no pertenece a un partido, ni a un Ejecutivo, ni siquiera a una coyuntura política; pertenece a los ciudadanos y a la Constitución que todos compartimos.

No resulta fácil escuchar ataques a magistrados que, con mayor o menor acierto en sus resoluciones, actúan sometidos únicamente al imperio de la ley. De ahí que las palabras de la presidenta resonaran como un recordatorio necesario: sin jueces independientes, no hay garantías para nadie; sin respeto a las decisiones judiciales, se resquebraja la convivencia. Es bochornoso que quienes deberían ser los primeros en proteger las instituciones prefieran desgastarlas en la batalla política diaria.

La presencia del Rey confirió al acto una dimensión aún más simbólica. Allí estaba, representando la continuidad del Estado y la unidad de todos los españoles, escuchando con atención y transmitiendo con su sola presencia el compromiso de la Corona con la Constitución. En un tiempo en que abundan la crispación y la desconfianza, ese gesto de acompañar y de respaldar cobra más importancia de la que parece.

Hoy, más que nunca, conviene recordar que las instituciones democráticas no son un obstáculo que se interpone en el camino de los intereses políticos, sino el pilar sobre el que estos deben asentarse. Las críticas son legítimas, pero los ataques furibundos y calculados contra la independencia judicial debilitan a todos.