El respeto debido al Poder Judicial es una condición esencial para el buen funcionamiento de nuestro sistema constitucional. La frase, pronunciada por el Rey Felipe VI durante la entrega de despachos a la setenta y cuatro promoción de la Carrera Judicial, no es una formulación retórica ni un simple recordatorio académico. Es una afirmación de profundo calado institucional que interpela a todos los poderes del Estado y que adquiere un significado especialmente relevante en el contexto político actual, marcado por una relación tensa entre el Gobierno y la judicatura.

En una democracia constitucional, el Poder Judicial no es un actor subordinado ni un instrumento al servicio de mayorías coyunturales. Es un pilar del Estado de Derecho, encargado de garantizar la sujeción de todos, incluidos los poderes públicos, a la ley y a la Constitución. Cuando el Rey subraya que el respeto a la judicatura es condición esencial para el sistema constitucional, está recordando un principio básico que no admite relativizaciones ni lecturas interesadas.

Las palabras del monarca llegan en un momento en el que desde el Ejecutivo, aún presidido por Pedro Sanchez, se han sucedido críticas públicas a resoluciones judiciales, descalificaciones implícitas a jueces concretos y cuestionamientos de sentencias firmes cuando estas no se ajustan a los intereses políticos del Gobierno. Este clima erosiona la confianza ciudadana en la justicia y transmite un mensaje peligroso: que las decisiones judiciales son opinables en función de la conveniencia política.

El Rey, como Jefe del Estado y símbolo de la unidad y permanencia del orden constitucional, no entra en la confrontación partidista ni señala directamente a responsables políticos. Sin embargo, su advertencia es clara y contundente. Sin respeto institucional al Poder Judicial no hay equilibrio de poderes, y sin equilibrio de poderes la democracia se debilita. No es una opinión, es una constatación histórica y jurídica ampliamente compartida en las democracias consolidadas.

El respeto al que alude el Rey no se limita a acatar formalmente las sentencias. Implica también preservar la independencia judicial, evitar presiones públicas o reformas legislativas orientadas a condicionar la actuación de los jueces y abstenerse de utilizar la deslegitimación como herramienta política. Cuando se pone en duda de manera sistemática la imparcialidad de los tribunales, se socava uno de los cimientos del sistema constitucional.

En este sentido, el mensaje dirigido a los nuevos jueces trasciende a los propios togados y se proyecta sobre el conjunto de la vida pública. La ética, la rectitud y la vocación de servicio que el Rey exige a la judicatura deben encontrar su correlato en el comportamiento de los demás poderes del Estado. El respeto institucional no es unidireccional, es una exigencia compartida.

El aviso al Gobierno es, por tanto, inequívoco. No se puede reclamar lealtad constitucional mientras se desacredita a quienes tienen la misión de interpretar y aplicar la ley. No se puede invocar el Estado de Derecho al tiempo que se cuestiona su funcionamiento cuando las resoluciones judiciales resultan incómodas. La Constitución no es un marco flexible al servicio del poder político, sino una norma suprema que obliga a todos.

La intervención del Rey adquiere así un valor de recordatorio sereno pero firme. Frente al ruido político, la Jefatura del Estado reafirma los principios que sostienen la convivencia democrática. No es casual que lo haga ante quienes están llamados a ejercer la función judicial durante las próximas décadas. Es una inversión institucional en el futuro del Estado de Derecho.

En tiempos de polarización y desgaste institucional, las palabras del Rey funcionan como un dique de contención frente a la tentación de debilitar los contrapesos del sistema. El respeto al Poder Judicial no es una concesión graciosa del poder político, es una obligación constitucional. Ignorarlo, minimizarlo o cuestionarlo tiene consecuencias profundas para la calidad democrática.

Por ello, la frase pronunciada en el Auditorio del Fòrum no debe leerse como un comentario aislado, sino como una advertencia de alcance nacional. El buen funcionamiento del sistema constitucional exige responsabilidad, mesura y respeto. Especialmente por parte de quienes gobiernan. Porque cuando se erosiona la confianza en la justicia, lo que está en juego no es una sentencia concreta, sino la credibilidad misma del Estado de Derecho y la vigencia real de la Constitución que nos ampara a todos.

En última instancia, la fortaleza de una democracia se mide por su capacidad para aceptar límites. El Poder Judicial representa esos límites. Defenderlo no es conservadurismo ni inmovilismo, es constitucionalismo. El Rey ha hablado con claridad institucional. Corresponde al Gobierno escuchar, rectificar y entender que la legitimidad democrática también se construye respetando las sentencias, la separación de poderes y la ley siempre sin excepciones.