La Casa de SM el Rey es la cuarta institución del Reino de España en el ‘Ranking Oficial de Transparencia’ que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha elaborado. Dicho organismo público, tiene como misión la evaluación del grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia. Lidera el ránking de transparencia el Consejo General del Poder Judicial, seguido del Tribunal Constitucional, el Banco de España y la Casa de Su Majestad el Rey.

El Consejo ha destaca, que la pagina web de la Casa del Rey «aparece claramente estructurada en cuatro epígrafes: Información Institucional, Organizativa y de Planificación; Normativa de la Casa de S.M. el Rey; Información Económica, Presupuestaria y Estadística, y Solicitud de Información».

De la misma forma, y en relación a la accesibilidad de la web, el Consejo ha explicado que «el portal Casa Real ofrece como funcionalidad adicional la traducción al idioma inglés y a las cuatro lenguas co-oficiales españolas, existiendo incluso respecto de algunas informaciones textuales en lengua española la posibilidad de acceder a una lectura audio en las distintas lenguas».

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno hizo público su «Informe de evaluación de los órganos constitucionales y entes reguladores y del ranking oficial de cumplimiento de la Ley de Transparencia». El estudio reúne datos recabados durante los trabajos de evaluación, seguimiento y control, que tienen como objetivo verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los organismos constitucionales y de relevancia constitucional, así como de los organismos independientes.

Los organismos objeto de estudio han sido: Casa de S.M. El Rey, Congreso de los Diputados, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Banco de España, Consejo Económico y Social, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Comisión del Mercado de Valores (CNMV), Tribunal de Cuentas (TC), Defensor del Pueblo, Consejo de Estado, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y Fiscalía General del Estado