Las palabras del Rey fueron claras, certeras y necesarias. Las autoridades de la Generalidad de Cataluña estaban dando un golpe de Estado, han dividido como nunca antes a la sociedad en bandos enfrentados, ejerciendo una violencia jamás vista, manipulando y adoctrinando, creando un ambiente de miedo entre quienes no piensan como ellos, que temen manifestar sus opiniones para no ser señalados por los secesionistas, y si aun eso no era suficiente, tienen la cara dura de plantear un diálogo, pero sin apearse del burro de la independencia.

Sabíamos que los mensajes tibios de una parte de la clase política, sumadas a las indignas de los comunistas, iban a ser la respuesta al mensaje de Felipe VI. Y no han defraudado aquellos que quieren destruir el sistema democrático que desde 1978 encarna nuestra constitución, porque no dude nadie, el objetivo final es ese, romper con la democracia española, dividir a la sociedad en buenos y malos y crear un estado de miedo y terror donde solo puedan opinar unos pocos. Recuerda al estado creado en España en el año 1931, que afortunadamente terminó con la vuelta de la Monarquía en 1975, culminando con la constitución de 1978, recordemos, la primera democrática, la primera redactada por todos los agentes políticos e, igualmente, la primera que los españoles refrendamos con nuestro voto.

Y ahora viene la segunda parte de la embestida programada en aquella reunión de Pablo Manuel Iglesias y Junqueras, con el patrocinio del millonario Roures. La escenificación de una supuesta formula de diálogo, a sabiendas que el gobierno de la Nación no puede asistir, menos aun con una mediación de agentes exteriores ya que, sencillamente, lo que debe ocurrir es que la Generalidad vuelva a la senda de la democracia. Pero esta escenificación, que se ha activado tras apelar el Rey a la defensa del orden constitucional, tiene como objetivo pervertir la situación e intentar hacer ver a una parte de la ciudadanía, aquella que aun se cree las soflamas comunistas y las de los secesionistas, que el Estado es opresor y no quiere diálogo, obviando quien se ha saltado la Ley, la Constitución, y tiene amedrentada una parte mayoritaria de la Sociedad. El Estado de Derecho y la democracia no puede, ni debe, dialogar con aquellos que se saltan las leyes y siguen en su empeño de hacerlo a pesar del rechazo de gran parte de la sociedad catalana.

Los delitos son claros y extremadamente graves, que han llevado a una fractura social sin precedentes en la historia de la región de Cataluña, y por esos delitos deben pagar sus promotores. Si bien es cierto que el diálogo es la única salida a un proceso en el que nos han metido los secesionistas, este no puede ocurrir mientras sigan los golpistas en su camino ilegal, no asuman todos las responsabilidades penales y no se llame a todos los españoles, con sus representantes autonómicos a la cabeza, que son los poseedores de la Soberanía nacional del Reino de España.

Tenemos un problema estructural en la Nación española, demasiada descentralización y mucha deslealtad por parte de los actores políticos, y eso tiene que ser resuelto, pero con la intervención de todos los españoles. Quizás, tras esta crisis, consigamos que de una vez por todas, los españoles, sean del territorio que sean, tengan los mismos derechos, deberes, impuestos, servicios y oportunidades.